La reciente comunicación del Banco Central de Bolivia (BCB) sobre el desarrollo de una moneda digital, preliminarmente denominada “boliviano virtual”, ha generado legítimas inquietudes en diversos sectores de la sociedad.

Como Diputada Nacional, en el marco de mis atribuciones constitucionales, manifiesto mi profunda preocupación respecto a múltiples dimensiones que rodean esta iniciativa, la cual, aunque técnicamente innovadora, plantea serios desafíos económicos, sociales y de derechos fundamentales, por lo que me es importante resaltar los siguientes puntos:

• La implementación de una moneda digital exige el uso de plataformas tecnológicas altamente complejas, cuya vulnerabilidad puede poner en peligro la estabilidad financiera nacional. El BCB regula el sistema de pagos entre Entidades Financieras y otros participantes, pero ¿quién regula al BCB? No se puede considerar que esta entidad se auto-regule sin un marco legal específico para monitorear su actividad, por lo que es preocupante que no se haya remitido informes previos a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el tema.
• La introducción de una CBDC debe considerar con extrema cautela su impacto sobre la política monetaria. Un acceso directo de la ciudadanía al dinero emitido digitalmente podría, en ausencia de adecuados controles, alterar el equilibrio monetario y generar presiones inflacionarias que afecten negativamente a la economía boliviana.
• Una moneda digital administrada directamente por el Estado plantea preocupaciones profundas sobre la privacidad de las transacciones. El boliviano virtual no puede convertirse en un mecanismo de vigilancia masiva ni de control político.
• No todos los ciudadanos están en condiciones de acceder a servicios digitales. La inclusión financiera no se logra imponiendo un nuevo sistema, sino asegurando que todos puedan participar en él.
• Una reforma de semejante magnitud no puede ser adoptada exclusivamente por una instancia técnica, por lo que resulta preocupante la ausencia de un proceso participativo en esta decisión.

Mi posición como Diputada nacional es impulsar la descentralización financiera como una forma de inclusión, el uso de activos virtuales como una expresión de libertad y la modernización del sistema financiero como una forma de desarrollo económico. Las CBDC centralizan y arriesgan el sistema financiero aumentando el control político y económico que no es propio de una sociedad democrática.

Por tanto, exhorto al Banco Central de Bolivia a abrir un proceso amplio, técnico y plural de consulta. El futuro del sistema financiero no puede construirse a espaldas del pueblo.

Bolivia merece una transformación digital justa, segura y democrática.